por Armando Gamboa
La intervención de la Nueva EPS en 2024 se presentó como una solución. Pero, un año después, es un desastre. El sistema está en crisis, faltan medicinas, los enfermos mueren esperando atención médica, y la corrupción sale a la luz. La Superintendencia de Salud descubrió que la entidad escondió billones de pesos en facturación mediante una práctica llamada "jineteo". Un engaño contable para falsear las cuentas mientras el sistema se deterioraba por dentro.
En marzo de 2025, la Fiscalía imputó al expresidente José Fernando Cardona y a otros exfuncionarios por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal, omisión de control de recursos de la salud y peculado por apropiación. Las deudas de la EPS crecieron enormemente, más del 400% en seis meses. Audifarma, por ejemplo, dejó de enviar medicamentos en varias zonas del país por falta de pago. En algunas ciudades, las personas deben viajar más de dos horas para obtener un medicamento básico, y a veces no lo consiguen.
El impacto no es solo en números, sino en vidas. En pacientes con cáncer sin quimioterapias, en enfermos crónicos sin tratamientos, en adultos mayores esperando mucho tiempo por medicinas que no llegan. En muertes. Sí, personas han muerto por la negligencia de esta EPS y de otras tantas. A los presuntos implicados se les pedirá que respondan por el dinero. Pero, ¿quién responde por las vidas perdidas?
Colombia vive la crisis de salud más grande de todos los tiempos. Lo peor es que no es solo una EPS en quiebra, sino un sistema que ha normalizado el clientelismo y la impunidad. Mientras los altos cargos se protegen con abogados, millones de colombianos sufren o mueren esperando atención médica